La Red Europea de Migraciones ha sido creada por la Decisión del Consejo 2008/381/CE y está financiada por la Unión Europea.
Su objetivo es satisfacer las necesidades de información de las instituciones de la Unión Europea y de las autoridades e instituciones de los Estados miembros, proporcionando información actualizada, objetiva, fiable y comparable en materia de migración y asilo, con el fin de respaldar el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea en estos ámbitos.
La Red Europea de Migración también pone dicha información al alcance del público en general.
La Red Europea de Migraciones, coordinada por la Comisión Europea, está formada por una red de Puntos de Contacto Nacional designados en cada Estado miembro y en Noruega.
En España el PCN está compuesto por expertos procedentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, de cuya coordinación se encarga la Subdirección General de Régimen Jurídico, de la Secretaría de Estado de Migraciones.
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Responsabilidades y acceso a derechos para las personas beneficiarias de protección temporal
El objetivo general de este informe conjunto EMN-OECD es identificar los cambios normativos y de políticas nacionales (tanto implementados como propuestos) que tuvieron lugar desde julio de 2023 hasta principios de 2025 en relación con las responsabilidades y el acceso a derechos de las personas beneficiarias de protección temporal (BoTP) bajo la Directiva 2001/55/CE (la Directiva de Protección Temporal o TPD). El acceso a derechos bajo la protección temporal incluye el acceso al empleo, atención médica, educación, seguridad social y acceso (o los medios para acceder) a un alojamiento adecuado.
Formación profesional de solicitantes y beneficiarios de protección internacional
Este informe se centra en los programas de formación profesional (VET) ofrecidos por las autoridades públicas a las personas beneficiarias de protección internacional (BIP) y a los solicitantes de protección internacional que tienen acceso al mercado laboral, ya sea de forma gratuita o con financiación parcial por parte de las autoridades públicas. En este contexto, los programas de VET se refieren a iniciativas destinadas a dotar a las BIP y a los solicitantes de protección internacional de los conocimientos, habilidades y competencias requeridos por el mercado laboral, incluyendo tanto la formación profesional inicial como la continua.
